Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
27 de octubre, 2011
Alejandro Ceniceros Martínez, diputado local del Partido del Trabajo (PT), exigió que se revise a fondo las cuentas públicas de los Ayuntamientos de Tampico, Victoria, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo sobre las cuales existen evidentes irregularidades en el ejercicio de los fondos públicos.
Añadió que se han recibido denuncias de la ciudadanía sobre desvíos de fondos para beneficio personal de funcionarios municipales. Apuntó que el auditor Miguel Salman Álvarez tiene de plazo hasta el próximo día 30 de noviembre para hacer la entrega del informe de resultados de las 207 cuentas públicas pendientes.
Anticipó que el informe presentado sobre 101 cuentas públicas por el auditor Miguel Salman Álvarez no tienen problema pues se trata de Ayuntamientos como San Nicolás, la Comapa de Palmillas, la Alcaldía de Cruillas, DIF de Méndez y otros iguales. Se trata de “pura morralla”, insistió
El diputado Ceniceros Martínez, integrante de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado (ASE), hizo hincapié en que la revisión de las cuentas públicas no debe servir para un ajuste de cuenta político, por ello indicó que es necesario establecer un procedimiento claro en la revisión de cuentas a efecto de que no se use políticamente.
Al respecto, apuntó que como ejemplo de ello están las cuentas públicas de la administración municipal de Reynosa que presidio Francisco Javier García Cabeza de Vaca las cuales continúan “congeladas” sin ser aprobadas.
Entre otras cosas, indicó que si bien la ASE tiene cierta autonomía para desempeñar su función no puede ignorar a la Comisión de Vigilancia del Congreso, y debe informarle oportunamente sobre las actividades que efectúa.
Detalló que solo el 10 por ciento de los resultados de la revisión de las cuentas públicas serán sometidos a una verificación por parte de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior del Congreso del Estado, así como aquellas cuentas públicas sobre las cuales existen denuncias de irregularidades o las que se han requeridas por algún legislador.