Que a bajo costo, siempre no

Raúl HERNANDEZ

31 de julio, 2014

La Secretaría de Hacienda  salió a decir que no habrá un programa especial de regularización de vehículos, a bajo costo, en Matamoros, como lo publicitó la alcaldesa de  esa población, la panista Leticia Salazar.

La propuesta de la alcaldesa no está mal. El problema es que entre las  facultades de un alcalde no está aprobar acuerdos para reducir el costo de las regularizaciones de los vehículos extranjeros.

Leticia Salazar, como otros alcaldes del PAN, confunde las atribuciones de un Municipio con las de un país.  Se sienten  presidentes de una nación y no de una ciudad.

Ciertamente en la Constitución de Tamaulipas a los alcaldes se les denomina presidentes municipales, pero eso no quiere decir que el término sea adecuado. Si fuese así, en vez de gobernador tendríamos un Presidente Estatal. El término correcto para quien está al frente de un ayuntamiento, es alcalde e incluso  hasta podría llamársele administrador, porque eso es lo que es, un administrador de la ciudad,  no un ejecutivo.

El problema de que a los  alcaldes la Constitución los denomine presidentes,  es que confunden una ciudad con un país, pero  se confunden a conveniencia. Nunca hemos escuchado a un alcalde exigir que le permitan manejar el sistema educativo, desde seleccionar y pagar los sueldos de los maestros, construir y equipar escuelas, y lo más importante, manejar los programas educativos. Ningún ayuntamiento pide manejar el sistema educativo, porque no quiera cargar con la enorme responsabilidad económica, política y social, que representa manejar la educación.

Hace unos días, cuando estalló el asunto de los Eco-taxis, no faltó quien dijese que el Municipio es soberano para  decidir las concesiones de  transporte público. Esto no es un asunto de soberanía, sino de  responsabilidades jurídicas y corresponde al Estado determinar el número de concesiones del transporte público.

El derecho municipal en México enfrenta  serios rezagos. Hay muchísimas modificaciones a las leyes que  tarde o temprano tendrán que hacerse,   para fortalecer a los Municipios y que  manejen su propia policía   dedicada tanto a la prevención como a la persecución de los delitos;  debe manejar el registro civil; decidir sus propios impuestos;  manejar sus carreteras;  sus puentes internacionales;  y un largo etcétera,  pero todo tiene que realizarse por los cauces legales, no a capricho de  quien ostenta el poder municipal.  Mientras las  modificaciones  legales no se concreten, lo mejor que un alcalde puede hacer, es llevar la fiesta en paz con el Gobernador y el Presidente de la República, por el bien de la “pequeña nación que gobiernan”. Siempre será más fácil conseguir acuerdos en un clima de concordia, que mediante un pleito.

Total si la señorita alcaldesa de Matamoros quiere  conseguir  beneficios para los matamorenses, primero que plantee sus  propuestas a las autoridades encargadas de atenderlas y  si las aprueban,  que las de a conocer, pero  hacer todo al revés, con el argumento de que es la máxima autoridad de su pueblo, no ayuda  mucho.