Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
28 de marzo, 2016
Aunque oficialmente será durante el próximo fin de semana, para ser precisos el día tres de abril, cuando se puedan realizar ya oficialmente campañas de proselitismo político en Tamaulipas, en este caso de los candidatos a gobernador ya definidos y registrados, el tema de las elecciones inunda medios y conversaciones.
Lo ordinario es que surjan expresiones contradictorias entre los abanderados de los partidos políticos o, ahora también, de los independientes. Por eso llama la atención que tres de los aspirantes a gobernar un municipio tamaulipeco coincidan en algo, en este caso el ejemplo es Matamoros, donde tres de los aspirantes a suceder a Leticia Salazar opinan no solamente que debería practicarse un examen antidoping a los candidatos, es decir, determinar mediante un análisis si quienes solicitan registro a candidatos son adictos a alguna droga, sino que además, esto debería formar parte de la legislación como un requisito para inscribirlos en el órgano electoral correspondiente.
Si bien la Constitución Política del Estado de Tamaulipas establece que quienes “estén sujetos a proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar de la fecha del auto de formal prisión” no podrán ser aceptados como candidatos, nada dice sobre el consumo de estupefacientes.
En Matamoros el candidato independiente a alcalde, Roberto Guerra Velasco; Jesús de la Garza Díaz del Guante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como Iván Puente, del Partido del Trabajo, coinciden en que el “antidoping” debería ser parte de los requisitos para obtener el registro.
Suponemos que en el caso específico de Matamoros quien sea candidato o candidata del Partido Acción Nacional (PAN) y otros órganos políticos pensarán de igual forma, así como en otras ciudades.
Nos dicen que realizar un examen para determinar si la persona utiliza drogas es muy sencillo, rápido y barato. Dato que pasamos al costo.
No es nueva la idea; en el pasado algunos políticos han expresado la idea de que los actuales y futuros servidores públicos, además de no tener antecedentes penales o encontrarse sujetos a algún proceso penal, puedan probar que no son adictos a estupefacientes.
¿Habrá quien lo proponga o, también, quién, voluntariamente, como ya ha sucedido en el pasado, se someta a un examen como el de referencia?
Sería interesante saber qué opinan los aspirantes a alcaldes y diputados, y también a gobernador, de una medida de esta naturaleza.
No necesariamente quien esté libre del consumo de drogas será un buen gobernante o probaría su honestidad, pero el no ser parte de quienes son adictos a las drogas avalaría no sólo su calidad política, sino su calidad moral.
Las elecciones del 2016 no tienen precedente por el número de candidatos ni la diversidad de origen de los mismos. La lista lo confirma: Baltazar Hinojosa, del PRI, PVEM y Panal, Francisco García Cabeza de Vaca, del PAN; el ex-alcalde capitalino Gustavo Cárdenas, por tercera vez candidato, ahora por Movimiento Ciudadano; Jorge Valdez, por el PRD; Héctor Garza, por MoReNa; Abdíes Pineda Morín, por Encuentro Social; Armando Vera, por el Partido del Trabajo y Francisco Chavira, como independiente.
Un antidoping practicado voluntariamente, como ya lo han hecho algunos otros aspirantes en otras épocas, sería una buena práctica, pero mucho mejor si estuviese contemplado en la legislación. Los tiempos cambian.