Debate jurista sobre presencia militar: "Actúan legalmente", dicen unos; "Abusan", dicen otros

Arturo ROSAS

14 de junio, 2009

En Diciembre del 2006, al iniciar su gobierno el Presidente Felipe Calderón Hinojosa, lo hizo junto con el Ejército Mexicano. Dos años y medio después, las principales acciones y detenciones en materia de combate contra el crimen organizado, lo han realizado los elementos del Ejército Mexicano. Para los juristas como Carlos Mora García, el Estado tiene las facultades constitucionales para que el Ejército Mexicano, intervenga en apoyo de los órganos que el Estado mexicano tiene, como es la PGR. El Ejército Mexicano, aseguran, no comete ninguna ilegalidad al realizar cateos o detenciones de Alcaldes y funcionarios estatales, municipales que no tengan fuero constitucional y que estén presuntamente involucrados en actividades del crimen organizado. En contra parte, Carlos Hinojosa Cantú Director de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, reconoce la necesidad de hacer acciones concretas y efectivas en materia del combate al narcotráfico. Sin embargo, considera que el gobierno de Felipe Calderón, esta abusando en el uso de las fuerza armadas y asume una posición ‘bravucona’ como los gobiernos fascistas lo han llevado acabo. Entrevistados por separado, Carlos Mora en cambio, detalla que el marco constitucional del Estado Mexicano, establece tres poderes fundamentales: la federación, los Estados y los Municipios. Cada esfera, explica, tiene un ámbito de competencia que van a regular sus función en la vida política, social y económica de los mexicanos. Sobre esa base, la parte que corresponde al ámbito federal que, es lo que se conoce como la persecución de los delitos del orden federal y que hay una serie de marcos regulatorios que van a determinar, cuáles son estas competencias. Entre otras, esta correspondiendo aquel que se refiere al crimen organizado. “En ese aspecto, el Estado Mexicano a través de sus órganos que, son la parte de las policías y el ejército que, están legitimados por reformas legales y constitucionales para que pueda tener una participación en este combate, contra este flagelo que, esta afectando a la vida mexicana, le permite este tipo de actuación”, añade Mora García. Cita el caso de Michoacán por ser la referencia que, el pasado 28 de mayo levantó las suspicacias de que, sería un acto policiaco-electoral contra el gobierno del PRD. “El marco constitucional establece, qué funcionarios de los ámbitos gubernamentales tienen lo que se denomina el fuero. “Es decir, el estado mexicano para poder proceder a la detención de un funcionario tiene que ver si este funcionario, esta protegido o no, por el fuero constitucional”. Cabe señalar que la constitución, solo otorga el fuero al Gobernador del Estado, a los diputados locales y a los miembros del Poder Judicial del Estado. Ellos son los únicos que cuenta con la declaración de procedencia para el combate a un delito de orden federal: el fuero. El resto de los funcionarios no cuentan con esta protección legal. “Si yo formo parte del gobierno del Estado, del gobierno Municipal y si yo he incurrido en un ilícito federal, no se requiere de ningún requisito especial para mi detención, lo que hizo el ejército en Michoacán es legal”. Subraya que todos los que formaron parte de las detenciones por parte de los militares, ninguno de ellos tiene fuero constitucional, no se requiere ninguna declaración de procedencia para proceder a su arraigo. “El ejército esta facultado legalmente, puede intervenir en apoyo con los órganos jurisdiccionales que para tal efecto, el estado tiene como la PGR, la Policía Federal Ministerial y todos sus órganos”. El único riesgo que se corre, añade, es que es una medida que se va ha politizar y en un proceso electoral, toda acción que el Estado realice, siempre será vista por los partidos de oposición, con un criterio que se esta politizando las cosas. Lo anterior, visto por Mora, es que si se realiza un programa de acción social cualquier gobierno, la oposición lo vera vinculado a un objetivo electoral y si se realiza una acción judicial, siempre habrá una tendencia a querer involucrar una acción del estado con un procedimiento de naturaleza electoral. “Yo creo que no, son cosas totalmente diferenciadas, tampoco el estado puede suspender durante el proceso electoral, todas las funciones que constitucional y legalmente tiene asignadas, porque de lo contrario, cada vez que se va ha iniciar un proceso electoral, prácticamente todas las funciones de los órganos del estado tendrían que suspenderse”. Sin embargo, admite el riesgo de que exista el autoritarismo porque, ha sido parte de la lucha constante y cotidiana, no sólo de los partidos políticos, sino de las organizaciones sociales. “Siempre estamos constantemente, buscando limitar los excesos que el Estado pueda cometer con relación a los ciudadanos, pero también existen una serie de instrumentos legales que permite frenar éste tipo de excesos como los juicios de amparos, las comisiones de Derechos Humanos”. Considera que al final, las acciones del Gobierno Federal han transitado “con bastante claridad, apego a la ley y basta con ver las cortes, para saber como están operando para tener un termómetro de que sí hay o no estos excesos”. Mora García, remata: “Para mí, ya no es una cuestión que este sujeto a cuestionamiento, si puede o no ejército hacer estas intervenciones, yo creo que ese problema esta resuelto y ya los partidos lo decidieron y hay una percepción en la sociedads civil mexicana de que el ejército intervenga porque alguien tiene que garantizarle sus derechos básico y fundamentales”. QUE SE COMBATA SIN ATROPELLOS Carlos Hinojosa Cantú Director de la Facultad de Derecho, reconoce la necesidad de combatir a la delincuencia organizada que tiene a la Federación “emproblemado” y hay un claro combate a la impunidad. Sin embargo, “siento que la he faltado ética y tacto al Gobierno Federal, porque no se puede estar pisoteando la constitución, para lograr los objetivos que ellos están buscando”. Añade que los operativos que ahora realiza el Gobierno de Felipe Calderón en donde el ejército detiene a funcionarios municipales, estatal y Presidentes Municipales, “tienen otro objetivo”. Asegura que si bien, el principal argumento de la federación han sido seis meses de investigación contra los alcaldes detenidos, -citando el caso de Michoacán- “no tienes por que arraigarlos 40 días. Si la averiguación esta bien sustentada no tienes porque arraigarlos, se les puede iniciar el proceso y librar la orden de aprehensión”. “Los arraigos, es una medida que utilizan los gobiernos fascistas”. Hinojosa, advierte un crecimiento desmedido del autoritarismo en el Gobierno Federal. Aclara que si bien, el Ejército debe salvaguardar la soberanía nacional y están muy bien capacitados para mantener la paz, “no deben estar en las calles” ni seguir corriendo el riesgo de que existan más casos de violación contra los derechos humanos. “Tenemos que tener la capacidad, los gobiernos civiles, de poder hacer un combate a la inseguridad pública y trabajar como en otros países en donde el ejército tiene otras tareas y facultades a favor de la sociedad y no para tenerlos como policías”. El director de la Facultad de Derecho en la UAT, señala que ningún gobierno debe pasar por alto la integridad moral de sus trabajadores y menos añade que, se le permita a un alcalde o funcionario estar en actividades ilícitas, “eso se debe castigar y se les debe encerrar porque no estamos a favor de ello. “Lo que estamos en contra, es que se abuse del poder del ejército mexicano para emprender una lucha en donde se corre el riesgo de que civiles o personas inocentes, se les este violando sus derechos humanos o incluso, puedan estar encerrados en las cárceles siendo inocentes”. Lamentó que un Estado de Derecha, como el que gobierna el país, se le caracterice por cometer una serie de irregularidades y no consideré como prioritario atender la situación actual que guarda la población en muchos aspectos, como la crisis económica, el desempleo, el combate a la pobreza, la educación, el campo mexicano que de ser atendidos con políticas más reales, las condiciones de inseguridad y la actividad del narcotráfico estaría mucha más focalizada y controlada en este país, asegura Hinojosa Cantú.