Amonesta Congreso a Maki por violentar Código Municipal

Arturo ROSAS

9 de mayo, 2017

Maki Ortíz Domínguez, alcaldesa de Reynosa, se hará acreedora a una sanción de “Amonestación Pública” de parte del Poder Legislativo de Tamaulipas luego de haber sido encontrada responsable de violentar el Código Municipal con la contratación de funcionarios que no cumplían con los requisitos de Ley y asumir atribuciones sin la aprobación del Cabildo. La sanción fue aprobada -este martes- en el Pleno, al dictaminar sobre el Caso de los ex funcionarios Mario Alberto Cantú Gutiérrez (ex Secretario de Desarrollo Económica), Zulema del Carmen González (ex Secretaria de Servicios Administrativos) y Carlos Ruvalcaba Limas (ex Director de Tránsito y Vialidad).

Los legisladores de las Comisiones de Gobernación, Justicia y Puntos Constitucionales (el Dictamen fue leído en Tribuna por la diputada Teresa Aguilar) resolvieron enviar la sanción pública al Contralor Municipal para que la haga de conocimiento a Maki Ortíz y considere si es necesario que los funcionarios que se contrató irregularmente, tengan que regresar los salarios que recibieron durante el tiempo que fungieron como titulares de sus respectivas areas (desde el 28 de octubre de 2016 hasta el 3 de febrero de 2017). Aunado a ello, se dará vista a la Procuraduría General de Justicia y a la Contraloría para que consideren si se creó la figura de un delito en estas acciones de la alcaldesa de Reynosa.

El resolutivo indica que la sanción a que se ha acreedora Ortiz Dominguez es la Amonestación Pública y será publicada en el Periódico Oficial del Estado.

Tras dar a conocer el veredicto y una vez aprobado por el Pleno se anunció que serea turnado a la Contraloría Estatal para los efectos legales conducentes.

El 28 de octubre de 2016, sólo unas semanas después de haber asumido su cargo, Maki Ortiz Dominguez confrontó al Cabildo (de Mayoría panista) en defensa de 5 nombramientos que fueron cuestionados desde un inicio por incumplir en su totalidad los requisitos que impone en Artículo 5 del Reglamento de Admnistración Pública (especialmente el que exige la comprobación de al menos un año de residencia en la Ciudad).

Unos días después, el lunes 31 de octubre, Ortiz Dominguez reconoció que Lázara Nelly González (Directora de SEDESOL) y Maricela Rosa Gutiérrez (Secfetaria Particular) no cumplían con el requerimiento pero sostuvo y ratificó a los tres restantes motivo por lo cual un grupo de integrantes del Cabildo solicitó la intervención del Congreso que, hoy, declaró responsable a la alcaldesa y emitió dictamen de sanción.