Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
20 de diciembre, 2009
Justo en el último día de sesiones del Congreso, el 15 de diciembre, el Presidente Felipe Calderón, envió su propuesta de reforma política en lo que se llamó su decálogo. Ciertamente la propuesta originó un debate inmediato, con voces a favor y en contra, aunque la realidad es que no presentó ninguna propuesta novedosa. Todo lo propuesto se viene manejando por la vox populi desde hace algunos años. Es más, se quedó corto pues ni siquiera abordó temas muy discutidos como la eliminación y reducción de los subsidios, la eliminación de los cargos plurinominales o medidas para destituir e incluso procesar penalmente a funcionarios de elección, sin tener que esperar a que terminen su mandato. Pareciera que en el fondo lo que busca es crear una cortina de humo ante la inminente aplicación de su brutal reforma fiscal y de paso aparecer como un demócrata consumado, aunque a muchos no se les ha olvidado que es el mismo que después de las elecciones de julio del 2006 se negó a un recuento voto con voto, con lo cual habría demostrado su vocación democrática y de paso habría callado a Andrés Manuel López Obrador El decálogo político es una propuesta que suena muy similar a la que meses atrás presentó el líder nacional del PAN, César Nava, en el sentido de reducir en un 50 por ciento los subsidios a los partidos. Lo hizo porque sabía que ningún partido lo secundaria y que ante los ojos de un segmento popular no informado, quedaría como un reformador. Una de las propuestas del Presidente Calderón es la que tiene que ver con las candidaturas independientes. El artículo 36 de la Constitución General de la República, establece el derecho de los ciudadanos a votar y ser votados, pero su ley reglamentaria, o sea el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los códigos electorales estatales, conceden el monopolio del registro de candidatos a los partidos políticos. Por eso en el 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación le negó a Jorge Castañeda el derecho a registrarse como candidato independiente a la presidencia de la república y después ese fallo lo confirmó la Corte Internacional de los Derechos Humanos, organismo al que recurrió el ex Secretario de Relaciones Exteriores en los primeros años del sexenio de Vicente Fox. Ahora que habría que ver si conviene o no las candidaturas independientes porque en una elección de alcalde, gobernador o presidente de la república, diputado o senador, podrían surgir docenas de locos pidiendo ser registrados y exigiendo subsidios para su campaña. Total, gastarse el dinero ajeno no duele. Una solución sería exigirles grandes sumas de dinero para que adquieran su derecho a participar, para que de esos recursos se pague todo lo que ocasiona su participación, desde aparecer en las boletas, recibir una copia extra del padrón, capturar los nombres de sus representantes ante las casillas, tener un asiento en los órganos electorales, programar su propaganda ante los medios electrónicos. De esta manera se evitaría la inscripción de chiflados que saben que no van a obtener ni el 0.5 por ciento de los votos, pero les vale, porque lo que quieren es propaganda gratuita. Suena difícil que los partidos políticos acepten las candidaturas independientes y que se termine con el monopolio de los registros que ejercen. Suena como a suicidio.