Reforma Congreso la Ley para frenar las Adicciones

Angel NAKAMURA

3 de diciembre, 2010

Los integrantes de la Sexagésima Legislatura Local, aprobaron por unanimidad, reformas a la Ley de Salud para el Estado, a fin de otorgar facultades a las corporaciones policiales, autoridades de seguridad, procuración e impartición de justicia, para que conozcan de los delitos contra la salud en materia de narcomenudeo.

El poder ejecutivo estatal, promovente de dicha iniciativa, menciona que el tema del combate a la venta de drogas en las localidades, se ha convertido en tema central para el buen gobierno y desarrollo social.

En concreto, las autoridades estatales antes referidas, deberán conocer y resolver los asuntos que se les pongan en consideración cuando se trate de narcóticos señalados en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato, previsto en la Ley General de Salud, con las reglas de competencias previstas.

Entre otras cuestiones, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud, deberá promover la creación de centros especializados en tratamiento y rehabilitación de los farmacodependientes.

Además, necesita contar con información para medir los impactos de los programas que se encaminen a la reducción en los consumos de sustancias ilegales y a su vez, con criterios científicos, oportunos, veraces, medibles y objetivos, para dar a conocer a la población sobre los efectos y daños físicos y psicológicos que conlleva el consumo de estupefacientes y psicotrópicos.

Se promoverá y realizará campañas permanentes de información a la sociedad sobre los daños y consecuencias del consumo de drogas.

Así también, establece la obligación a cargo de la Secretaría de Salud de la entidad, de crear indicadores públicos sobre los índices de fármacodependencia en Tamaulipas, los cuales a su vez, permitirán identificar zonas, sectores y grupos de alto riesgo, susceptibles por sus propias condiciones de vulnerabilidad, de sucumbir a este fenómeno.

 “Es obligación del estado vigilar que las instituciones y organismos públicos y privados que realizan labores de prevención, tratamiento y atención a los farmacodependientes, brinden sus servicios en óptimas condiciones y con pleno respeto a los derechos humanos de sus pacientes, a través de la creación de un padrón de estos centros de apoyo, así como la supervisión constante de los mismos”.