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Luis Alonso Vásquez
Dirección General
Martha Isabel Alvarado
Sub Dirección General
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12 de enero, 2011
Los ciudadanos de Tamaulipas están juzgando ya a las autoridades que el pasado 31 de diciembre de 2010, dejaron su cargo y se han ido, al parecer, a la historia de los fracasos y del desprecio del pueblo.
Y mientras se investiga la deuda de 9 mil 134 millones que dejó la administración del ingeniero Eugenio Hernández Flores, han comenzado los juicios populares en contra de los siguientes ex alcaldes:
Del ingeniero Oscar Pérez Inguanzo, que de 2008 a 2010, dejó a Tampico sumido en un caos urbano, financiero y social. Una deuda que seguramente alcanza los 200 millones de pesos (un cuarto del presupuesto anual), el deterioro de los bienes inmuebles del Municipio, el abandono de la sociedad y una crisis social en las colonias populares que no fueron atendidas.
Del licenciado Oscar Luebbert Gutiérrez, a quien denuncian por falta de atención a las obras prioritarias y promover, desde su puesto a la presidencia municipal, acciones en contra de los candidatos del PRI, especialmente del dirigente obrero Reynaldo Garza, a quien pretendió “zancadillar” para que no llegara a diputado local, pero falló en el intento.
Del ingeniero Ramón Garza Barrios, Alcalde de de Nuevo Laredo, que dejó un adeudo multimillonario y a quien, una tromba que se abatió el lunes sobre la fronteriza ciudad, dejó al descubierto las obras del susodicho edil. Fueron obras que se hicieron con malos materiales y de puro relumbrón, todas cayeron.
Del ex alcalde de Ciudad Victoria, Arturo Díez Gutiérrez, quien al final de su administración arrastraba graves problemas, como falta de pago para los trabajadores y empleados del Ayuntamiento, la ciudad semidestruida en su pavimento, falta de obras, pero, eso sí, sueldos y compensaciones para los funcionarios del primer nivel. Debió el gobernador Eugenio Hernández Flores intervenir para pagar el bacheo, la pintura y arreglar el deterioro de las calles de la capital estatal, además de facilitarle un millonario crédito para pagar la nómina.
Y la historia sigue con el ex alcalde de Madero, Sergio Posadas Lara, donde además de la deuda de 100 millones que recibió de su antecesor Guadalupe González Galván, debió pedir más crédito para enfrentar la crisis financiera y al final de cuentas, dejó sin empleo a más de mil trabajadores y empleados del Municipio y la deuda acumulada en cerca de 160 millones.
En Altamira el nuevo alcalde Pedro Carrillo ordenó una auditoría ante las irregularidades encontradas y en Río Bravo hallaron la deuda de más de 35 millones de pesos.
Debido a lo anterior, el grupo parlamentario del PAN, que coordina la diputada Beatriz Collado Lara, ha solicitado formalmente al Congreso del Estado una revisión a las cuentas públicas aprobadas, con el fin de transparentar ante la pública opinión su contenido, y si se encuentran irregularidades en algunas de ellas, la consignación jurídica penal contra los responsables.
Collado Lara dijo que en municipios como Tampico no se concreta aún la entrega-recepción pues cada vez se ponen al descubierto nuevas irregularidades cometidas por la administración de Oscar Pérez Inguanzo.
“Si es necesario vamos a recurrir a demandas penales”, advirtió Beatriz Collado Lara.
“VALE LA PENA”: CALDERON
El presidente Felipe Calderón afirmó que la lucha anticrimen “vale la pena” por lo que “debemos involucrarnos todos”, y aclaró que la caída sistemática de los líderes de las organizaciones criminales es un “indicador claro” de los avances que se consiguen.
Reconoció que en materia de seguridad se viven momentos difíciles, pero “estamos en la ruta que debe seguirse para alcanzar el México de seguridad y de leyes al que aspiramos”, y definió diversos “desafíos” que se enfrentan, como el mantener el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y justicia como “elemento clave” en esta lucha.
En la reanudación de ‘Diálogos por la Seguridad. Hacia una Política de Estado’, ahora con líderes de la sociedad civil, el presidente de México expuso que en sólo dos años se han capturado o abatido al mayor número de jefes criminales en la historia del país, con lo que se han debilitado de manera contundente las estructuras de las organizaciones.
“Sabíamos que la construcción del México que queremos sería una larga, difícil y costosa tarea que había enfrentar, pero se trata de una lucha que vale la pena, que está empezando a dar algunos resultados y que debemos involucrarnos todos”, insistió en su mensaje en la reunión celebrada en el Campo Marte.
15,273 MUERTOS EN 2010
El vocero de la narrativa de la lucha anticrimen del Gobierno federal, Alejandro Poiré, informó que en 2010 ocurrieron 15 mil 273 muertes relacionadas con el crimen organizado en México, cifra que supera el número de asesinatos de este tipo registrados durante 2009.
El último trimestre de 2010 hubo un decrecimiento de 10% en los homicidios presuntamente ligados con el narcotráfico, aunque aún es pronto para señalar que existe una tendencia a la baja consolidada.
Tras un desglose señaló que en el primer trimestre fueron 3 mil 339; en el segundo 4 mil 102; en el tercero 4 mil 142, y 3 mil 690 en el cuarto trimestre de 2010.
¡FUERA GAMUNDISTAS!
Enrique Yáñez Reyes, identificado como miembro del Consejo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), instaló una manta en el Congreso del Estado la que dice: “Consejeros y Magistrados Electorales, si tienen dignidad renuncien. ¡Fuera mapaches gamundistas!”
“Es necesario que los cambien a todos dado a las fallas generales que cometieron, están en entredicho y el Tribunal Federal tuvo que enmendar todos los errores que cometieron”, dijo Yáñez al ser entrevistado por la prensa.
Precisó que es necesario que los presidentes del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial del estado de Tamaulipas deben ser destituidos.
“Deben cambiarlos para que Tamaulipas pueda tener una democracia sustentada”, señaló. “Es necesario que el Congreso convoque a una nueva ley electoral porque la actual es ambigua, tiene recovecos”, puntualizó Yáñez Reyes.
DE ESTO Y DE LO OTRO
Los titulares de las distintas dependencias gubernamentales se encuentran revisando y adecuando los organigramas de modo que la estructura administrativa responda a las necesidades de los tamaulipecos. Lo anterior fue informado por el gobernador Egidio Torre Cantú en u comunicado de prensa, en donde hace hicapié e3n que se están evaluando los perfiles de los candidatos a ocupar puestos vacantes de las dependencias nombrando a los más capacitados para cada uno de los cargos.
El representante de la coalición “Guerrero nos Une” ante el Instituto Electoral de Guerrero (IEG) Guillermo Sánchez Nava, fue golpeado brutalmente por un grupo de golpeadores priístas que lo enviaron con fractura de cráneo, al hospital. Los pelafustanes destrozaron propaganda del candidato a gobernador Ángel Aguirre Rivero, a quien los malandrines priístas no han dejado en paz. Aguirre Rivero trae por la calle de la amargura a Manuel Añorve, el alcalde con licencia de Acapulco quien tiene a este puerto sumido en la oscuridad y la violencia.
El diputado panista José Luis Tapia denunció que los programas de educación para el adulto no han funcionado, señalando que este tipo de instituciones sólo derrochan recursos, por lo que el ITEA debe ser desaparecido. El también diputado panista Manglio Murillo puntualizó que departamentos que no produzcan hay que suprimirlos. Desde su creación, el ITEA no mha cumplido su labor, pues tiene nulos resultados.
Los diputados aprobaron iniciar un juicio político en contra de los mjueces que liberaron al criminal Sergio Barraza, quien confesó haber dado muerte a Rubí Marisol Flores. De tal suerte que en los próximos días operara la comisión jurisdiccional del Poder Legislativo, donde se presentarán los argumentos de las partes involucradas, principalmente de los jueces. La madre de Rubí marisol, que exigía justicia frente a Palacio de Gobierno, en Chihuahua, fue Brutal, cobardemente, asesinada a tiros y se sospecha de Sergio Barraza. Los jueces que irán a juicio político son Catalina Ochoa, Netzahualcóyotl Zúñiga y Rafael Boudid, quienes declararon inocente a Barraza, pese a que confesó el crimen y llevo a las autoridades al lugar donde se encontraba el cadáver de Rubí Marisol.
A Arnulfo Rodríguez Treviño no se le debe cesar por ser líder del magisterio, sino por el cinismo con que busca explicar que el paro magisterial se debe a que no lo incluyeron en el gabinete estatal. No es posible que implique a todos el magisterio y afecte a todos los alumnos de Tamaulipas, por su capricho de ser titular de una dependencia gubernamental del Estado. Sencillamente no da el perfil necesario para ello.
Aquí dejamos esto, por hoy.
